TIPOS DE CASOS
En todo el mundo está expandido el uso de las armas «menos letales», en especial, para intervenir en protestas. Se utilizan postas de goma, gases irritantes y carros hidrantes, entre otras, bajo la premisa de que minimizan los riesgos de letalidad. Sin embargo, el uso frecuente de este tipo de armas ya dejó en evidencia que los disparos al rostro pueden provocar la pérdida de la visión o que los gases químicos a corta distancia generan graves quemaduras. En la Argentina, la represión sobre manifestaciones se agravó críticamente con el «protocolo antiprotesta» (Resolución 943/2023) y la posterior escalada de violencia represiva durante 2024 y 2025. Entre diciembre de 2023 y finales de 2025, en todo el país se reprimieron 120 protestas y al menos 1890 personas fueron heridas por el uso de armas «menos letales». Presentar este tipo de armas como inocuas conduce a que las autoridades políticas las habiliten y que quienes integran fuerzas de seguridad interpreten que pueden usarlas sin restricciones. La falta de instancias de formación, rendición de cuentas y evaluación profundizan el problema.
Lucas Morello
11/02/2026, movilización contra la reforma laboral, Ciudad de Buenos Aires
Lucas participaba en la manifestación durante la sesión en el Congreso y perdió la visión de un ojo tras ser alcanzado por un proyectil disparado por las fuerzas de seguridad.
Jonathan Navarro
12/03/2025, movilización frente al Congreso, Ciudad de Buenos Aires
Jonathan había ido a la marcha convocada para apoyar la lucha por jubilaciones dignas. Las fuerzas de seguridad reprimieron la movilización y él recibió un disparo de bala de goma en la cara. Perdió la vista de un ojo.
Pablo Grillo
12/03/2025, movilización frente al Congreso, Ciudad de Buenos Aires
Pablo estaba tomando fotos de la represión en la marcha por jubilaciones dignas, cuando recibió el disparo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, a corta distancia. El impacto le provocó fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y lo dejó en estado crítico durante casi un año. Debido a una reconstrucción hecha entre organizaciones, prensa y activistas con el Mapa de la Policía, se logró identificar como responsable directo al cabo Guerrero, de la Gendarmería Nacional. Disparó sin respetar los reglamentos de uso y por eso está imputado con pedido de elevación a juicio.
